Redacción/Informativo Jaguar
Chilpancingo, Gro., 19 de junio de 2022.- El ex secretario del Colegio de Bachilleres en el Estado, Fermín Alvarado Arrollo, calificó como sesgada, manipulada y desproporcionada la información del desvío de 1, 300 millones de pesos del que lo acusa el Contralor del Estado.
En 10 puntos el priista explica que las acusaciones del Contralor Eduardo Loria Casanova, Contralor General del Estado, es ilegal y violatorio de derechos, garantías y de las formalidades esenciales de un procedimiento administrativo, practicada al Cobach por el periodo 2018, 2019, 2020 y 2021.
“Hablar de un presunto desvío de recursos de 1,300 millones de pesos, es tan increíble, que, hubiera significado que en el Colegio de Bachilleres no se hubieran pagado los salarios y prestaciones durante 2 años”, se justifica.
Asimismo explica que es indebido que se pretenda imputar a mi persona un pasivo, en su mayoría, heredado como parte de una deuda histórica institucional de años atrás, como los más de 200 millones del Programa de Prestaciones SEFI, que viene del 2005.
“Respecto al pasivo de impuestos como ISSSTE, FOVISSSTE, ISR y SAT, este se genera por la insuficiencia de recursos presupuestales que vive el Colegio desde 2005, 2012 y a la fecha, en virtud de que la institución no recibe el total de los recursos que se pactan entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal (50% y 50%), informa.
Alvarado Arrollo, negó que se hicieran las retenciones y estas no fueras pagadas; “se hacen, si, en la nómina, en el papel, pero no en el recurso financiero real, porque este no llega en su totalidad a las cuentas del Colegio”, profundizó.
Dijo que resulta “por demás extraño” que el Contralor Loria, ignore el origen de esta situación deficitaria en tanto que, en todas las Juntas Directivas se les hizo de conocimiento, entre ellos, a él, como integrante.
El ex funcionario de Héctor Astudillo, aseguró que respecto a las plazas, bases y recategorizaciones, estas son legales y procedentes en tanto que “fueron otorgadas conforme a las Leyes del Trabajo”, particularmente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 248, de manera bilateral con las representaciones sindicales titulares de los Contratos Colectivos y, con la aprobación anual de recursos presupuestales para su respaldo financiero, además, de recursos estatales autorizados y aportados por el Gobierno del Estado.