_La crisis de desapariciones en México se agrava en Guerrero por el rezago en identificación humana y la falta de voluntad institucional, denunciaron._
Alberto Gómez
El colectivo Guerrero No + Desaparecidos, conformado por alrededor de 48 madres buscadoras, solicitó una audiencia urgente con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, para exponer la grave problemática que enfrentan en la atención de la Fiscalía General del Estado (FGE-Guerrero) en particular de los Servicios Periciales.
En conferencia de prensa esta mañana, el colectivo —formado formalmente el 28 de febrero de 2020— señaló que desde hace más de cinco años han trabajado de manera organizada para visibilizar y combatir la crisis de desapariciones en México, la cual, dijeron, se agrava en Guerrero por el rezago en identificación humana y la falta de voluntad institucional.
“Nosotras, las madres buscadoras, no venimos a perseguir a nadie. Solo exigimos lo mínimo indispensable: saber dónde están nuestros seres queridos”, expresaron con firmeza.
El colectivo denunció la falta de coordinación, atención y respuesta por parte de la Fiscalía y particularmente de los Servicios Periciales, lo cual —afirmaron— ha obstaculizado su derecho a la verdad y ha profundizado el sufrimiento de las familias.
Entre sus exigencias, destacan la presentación inmediata del plan de trabajo por parte del Coordinador de Servicios Periciales, Lic. Héctor Ramírez Chávez, con cronograma, responsables y metas claras, porque a más de un mes de haberse iniciado una excavación en un sitio ubicado en la carretera vieja Chilpancingo-Zumpango, no se ha entregado ningún plan operativo.
También, el refuerzo urgente de personal capacitado, reubicación del personal conforme a su especialización y dotación de herramientas para evitar retrasos que pongan en riesgo evidencias y afecten la integridad física y emocional de las familias
Las madres buscadoras solicitaron el fortalecimiento inmediato de la unidad canina, en cumplimiento del oficio dirigido al Fiscal del Estado, Zicpaná Jesús Torres Ojeda, señalando que estos binomios han sido los únicos que han trabajado con efectividad y sensibilidad.
Asimismo, exigieron el cese de prácticas de revictimización institucional, como la indiferencia, desorganización y omisiones que afectan emocional, psicológica y económicamente a las familias.
El colectivo demandó una coordinación real y efectiva entre instituciones y comisiones encargadas de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, con protocolos claros y bajo un enfoque de derechos humanos.
Recordaron que estas demandas están sustentadas en marcos legales nacionales e internacionales, como la Constitución, la Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el Protocolo Homologado de Búsqueda, y diversos tratados internacionales firmados por México, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.